No fueron familiares de los presos, ni agentes del servicio penitenciario corrompidos. La semana pasada, los escaners recientemente instalados en la cárcel de Piñero, sur de la provincia de Santa Fe, detectaron cómo dos abogados particulares -no fueron defensores oficiales- intentaban introducir teléfonos celulares para sus clientes detenidos en ese penal. Uno de ellos, perteneciente a la matrícula de la ciudad de Rosario. El otro, de Venado Tuerto.

Así lo reveló el secretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia, Walter Gálvez, quien detalló que el primero de los abogados llevaba un teléfono oculto, mientras que el otro profesional llevaba dos aparatos sin declarar.

Según explicó a AIRE el funcionario, en ambos casos los abogados declararon en el ingreso a la cárcel que contaban con su celular particular, pero al atravesar por los sistemas de escaners se detectó que llevaban otros teléfonos. "Cuando se los detectó, dijeron que se habían olvidado de declarar los otros aparatos", explicó.

En cada uno de los casos, se procedió a elaborar un acta detallando lo sucedido, se les impidió ingresar al penal para visitar a sus clientes, se comunicó la situación a los Colegios de Abogados y también al Colegio de Jueces Penales de cada circunscripción.

 En estos momentos, se trabaja en el inicio de un sumario interno para tratar de dilucidar cuáles pudieron ser los circuitos de estos celulares, a partir de los nombres de los detenidos que son clientes de cada uno de estos abogados. "Es increíble lo que sucede. Estamos hablando de personas del Derecho", remarcó Gálvez.

 Y agregó: "Evidentemente, existía un verdadero circuito de ingreso de celulares, con todo un andamiaje montado. Estamos viendo cosas burdas, como el agente penitenciario que el sábado intentó ingresar a la cárcel de Coronda 17 celulares, cargadores, jeringas y chips de teléfonos".

Fuente: Aire de Santa Fe